La concejal Mora recibió a vecinos del barrio Fuerza Unida

La concejal Miriam Mora recibió a un grupo de vecinos del barrio Fuerza Unida en virtud de la preocupación que existe en ese sector de la ciudad por la Carta Documento que la empresa Activos Fueguinos S.A. envió a cada familia para intimarlos a desalojar las tierras que ocupan desde hace algo más de 7 años.
El encuentro se desarrolló en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante y allí la concejal Miriam Mora y la secretaria legislativa Mabel Caparrós escucharon a los vecinos sobre la problemática que tomó estado público el pasado miércoles.
Tras el encuentro Mora recordó que en el transcurso del año pasado el actual Cuerpo de Concejales trató un proyecto “cuando ingresó al Concejo y se había hablado de hacer una Comisión e invitar a todas las partes para poder avanzar en el tema”.
Además recordó que “pedía dictamen del proyecto pero al no tener acompañamiento, ya sólo tres concejales acompañábamos este proyecto y lo veníamos hablando con los vecinos del Barrio Fuerza Unida y no desconocíamos lo que estaba pasando”.
Por lo que “la propuesta no llegó al recinto porque no tenía los votos y hubiera hecho que pase a Archivo” pero “se trató en una reunión de Labor Parlamentaria”, insistió. Por lo tanto “el proyecto se encuentra en Comisión”.
También aseguró que existe en el Concejo Deliberante “un proyecto ingresado el año pasado por esta empresa (Activos Fueguinos S.A.) pidiendo la excepción del Código de Planeamiento Urbano, del Código de Planificación, explicando cómo está ubicado el barrio, que está ubicado en algunas calles con pasajes cortos, que no quedarían espacios verdes o un terreno fiscal del Municipio y ellos pidieron la excepción de absolutamente todo pero le explicamos que eso no era posible porque los vecinos tienen que tener la mensura correspondiente para poder ubicar sus viviendas como debe ser y llegar a ser propietarios del terreno”.
Por lo cual “a los vecinos le hemos explicado también estas cosas y lo que estamos haciendo” aunque recordó que actualmente “el Concejo está en receso y lo mismo ocurre con la Justicia y algunos concejales no están en la ciudad”.
Por lo tanto “no podemos convocar a una Sesión Especial” aunque “sí podemos asesorarlos legalmente para que ellos puedan responder las Carta Documento que le han enviado”, al tiempo que aseguró haberse “sorprendido” con la decisión de la empresa de intimar a los vecinos cuando en el barrio se están realizando conexiones de servicios y recordó que “el pedido de la empresa era el de aprobar estas excepciones” aunque aclaró que la iniciativa “en realidad fue acercada por un dirigente barrial, Raúl Olivera”.
Y señaló que la intención era “pedir la excepción porque Camuzzi necesita ingresar al barrio para hacer las conexiones de gas y por eso era de suma urgencia tratarlo pero bueno, no se pudo tratar ninguno” por lo que “ahora estamos viendo la notificación que ingresaron al Concejo Deliberante dónde dice el monto que se pagó por esos terrenos que está cerca de los $730.000 y ayer escuchaba que a cada vecino le van a cobrar entre 300 y 400 mil pesos por cada lote y cuando ellos pagaron, por un macizo, $730.000”
Y aseguró que la empresa “está representada por los apoderados Lapadula y Reitenberger que además son agrimensores y ellos hacen los planos y lo firman y ninguno de los planos ha pasado por catastro ni de Gobierno ni del Municipio, directamente ingresan los planos firmados por ellos”.
Además recordó que ahora esas propiedades cuentan con un valor diferente al original dado que “no es lo mismo que uno tenga un baldío a que haya familias instaladas ahí y además tengan los servicios instalados y no se puede sacar a la gente como pretende ellos” por lo que consideró necesario “encontrar una solución, tanto del Municipio, del Gobierno y del Concejo”.
Además “tiene que venir gente de Nación para tasar estas tierras y conocer el valor real de las mismas porque también estamos cansados de que se pagan 5 pesos por hectárea y a la hora de que tienen los servicios en la puerta cuando uno lo quiere comprar valen millones”.
Por lo que consideró una actitud “mal intencionada” por parte de la empresa porque nosotros teníamos todo para resolver todo antes de que ocurra esto y ahora alguien va a tener que pagar por estas tierras o los vecinos, el Gobierno o el Municipio”.