El titular de la cartera económica consideró que el acuerdo «establece grandes pautas orientadas a generar inversiones para el desarrollo económico y la creación de puestos de empleo”.
El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata García se refirió a algunos aspectos técnicos del Consenso Fiscal impulsado por el Gobierno Nacional, del que participó Tierra del Fuego a través de la firma de la vicegobernadora a cargo del Ejecutivo, Mónica Urquiza.
En principio, el funcionario puso de relieve que el pacto firmado este lunes en Casa de Gobierno, “es indispensable para mantener un trabajo coordinado entre Nación y las provincias, respetando la autonomía de cada uno de los distritos” y que a su vez “establece grandes pautas orientadas a generar inversiones para el desarrollo económico y la creación de puestos de empleo”.
Entre los puntos acordados, el Ministro de Finanzas Públicas, destacó los aspectos vinculados con la responsabilidad fiscal y la capacidad de reestructurar la deuda en moneda extranjera de la Provincia.
Remarcó el compromiso de realizar intercambios de información con la AFIP para mejorar los controles y disminuir la evasión fiscal que impide que el Estado Provincial pueda realizar actividades, programas y obras públicas para atender las necesidades de las fueguinas y los fueguinos.
Por otro lado, el Gobierno Nacional se compromete a regularizar el envío de remesas pendientes, aproximadamente unos $33 millones de pesos, de cancelación en el marco del Consenso Fiscal que estaba pendiente desde el año 2019 y quedar al día durante el año 2022.
También, el acuerdo de Consenso Fiscal suscripto en el día de ayer posibilita que la Provincia avance en la reestructuración de la deuda de 200 millones dólares con los tenedores de bonos contraída por medio del Bono TFU27.
Por último, las provincias que suscribieron y la Nación convinieron en que el 2022 será un año de transición y de adecuación de los efectos de la pandemia por COVID. Para esto, se consensuó en la necesidad de retomar las pautas de gasto público que existían previo a marzo 2020, que habían sido flexibilizadas para poder contener los efectos adversos dando respuesta a las demandas sanitarias que habían surgido de manera intempestiva y requirieron ser priorizadas.
