El pronunciamiento, en tal sentido, fue planteado en el seno de la Comisión N° 5 (Acción Social. Familia y Minoridad. Salud Pública. Deportes y Recreación. Vivienda. Tierras Fiscales. Asistencia. Previsión Social y Trabajo). La iniciativa plantea la modificación de la Ley Provincial 1.277 (de Adhesión a la ley nacional 27.350, sobre uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados) que tiene como finalidad la incorporación de los artículos 3°, 4° y 5° inciso “a” a la Ley N° 1.277.
Los integrantes de la Comisión Nº 5 aprobaron la insistencia de los artículos vetados, por lo que el tema fue girado a la Comisión N° 1 de la Cámara (Legislación General. Peticiones. Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales), presidida por el legislador Federico Greve, para avanzar en el análisis de la propuesta.
Tras señalar que “el Ministerio de Salud fue convocado por los miembros de la Comisión legislativa, a través de la Secretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Gestión Asistencial Zona Sur”, la titular de la última área mencionada, María Rosa Chiabrando, comentó que el propósito de su presencia en la Cámara fue “dar nuestra opinión respecto de tratamiento de la Ley que habilita el uso de Cannabis para tratamiento medicinal y todo lo relacionado con la investigación científica en torno a este tema”.
La profesional coincidió con que “el veto parcial que había resuelto en su momento el Gobierno anterior” dejó sin efecto “algunos artículos muy importantes, que hacen al espíritu de la Ley”, por lo que destacó la decisión de la Legislatura de “reflotar” el articulado que había sido dejado sin efecto.
Además destacó la presencia de representantes de la Asociación “Raíces de Fuego”, movimiento cannábico en Tierra del Fuego que lleva adelante una campaña de concientización en esta materia, bajo el lema “El dolor no espera”.
“La verdad es que vemos con buenos ojos que se incorporen estos tres artículos vetados, porque amplían el espectro de patologías que pueden tratarse, con un uso cuidado de esto que empieza a ser una nueva herramienta terapéutica para muchos profesionales que no tenemos un entrenamiento en el uso de este medicamento”, manifestó la Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Sur.
Argumentó su posición en el hecho que “hay muchas familias que están obligadas a la clandestinidad porque necesitan de un aceite de buena calidad para el tratamiento de sus patologías, y que no estaba previstas en la Ley”; así que “la idea es que la gente tenga el mejor tratamiento y que el Estado facilite esos procesos”.
