Un hombre identificado como Ramon Barboza (57) y una mujer Elisa Beatriz Aguilar fueron detenidos y procesados por el abuso sexual de tres de nietos. La causa se inició en noviembre del año pasado.
La causa se instruye desde noviembre del año pasado en el juzgado a cargo del Dr. Raúl Sahade. Fue una tía de los niños la que radicó la denuncia y así, se revelaron los aberrantes hechos a los que eran sometidos tres menores, por parte de sus abuelos, quienes actualmente están procesados y detenidos en relación a los abusos sexuales.
Los hechos se develaron en noviembre del año pasado en la ciudad de Rio Grande, cuando los niños pudieron verbalizar lo que sucedía, a una de sus tías que además observó un llamativo episodio en el que el abuelo de 57 años, identificado como Ramón Barboza, ingresaba por la fuerza a su habitación a una de las nenas. Esto derivó en la denuncia judicial e intervención desde el juzgado de instrucción 2, el cual realizó allanamientos y finalmente en diciembre pudo efectuar las audiencias en cámara Gesell con los menores.
Una vez iniciada la investigación, Barboza fue sacado del domicilio, pero lo más indignante ocurrió en la misma sede judicial y terminó implicando a la misma abuela, una mujer de 44 años identificada como Elisa Beatriz Aguilar. Sucedió que, previo a una de las audiencias de testimonial 105, la mujer se acercó a uno de los niños y le recomendó “no contar todo”.
El niño dio cuenta a las autoridades judiciales de ello, e incluso en una de las declaraciones una de las nenas refirió que su abuela hasta presenció uno de los abusos; por lo que tanto este hombre como la mujer fueron detenidos.
Sobre Barboza recae el procesamiento por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por aprovechamiento de situación de convivencia, acceso carnal, el vínculo ascendiente en relación a una de las menores. Y abuso sexual simple agravado por convivencia y el vínculo con los dos restantes menores.
Respecto de Aguilar, la misma fue procesada por encubrimiento y amenazas. Por último, al entender el juez Sahade, la existencia de riesgos procesales les valió la aplicación de la prisión preventiva.
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