La Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriela Castillo, se refirió a la propuesta de sectores de la oposición a nivel nacional de eliminar la obra pública para pasar a un esquema de iniciativa privada. En ese sentido, sostuvo que “uno escucha esto con mucha preocupación, porque uno entiende que el modelo de la política es dar respuestas a esas necesidades que son públicas. Cuando se tira a la basura la existencia de un ministerio, en realidad no es un problema de funcionarios, es un problema de las políticas públicas que se tiran a la basura. Esas políticas públicas que llevamos adelante en la construcción de obra pública construyen sueños y dan respuestas a necesidades de los vecinos. Entonces, decir no más obra pública, quiere decir que no construimos más escuelas, no construimos más hospitales, no construimos centros para la primera infancia y los cuidados, no construimos gimnasios, no construimos redes de agua y cloaca para conectar a los vecinos, ni redes de gas, ni redes troncales de acueductos, ni plantas potabilizadoras, ni plantas de tratamiento como estamos construyendo hoy”.
“Ahí es cuando uno ve para qué sirve el Estado y cuales son las respuestas que da a las necesidades de la comunidad. Cuando contrato empresa y construyo un centro maternal, como es el caso de los centros de desarrollo infantil, lo que estoy diciendo es voy a acompañar una política de cuidado para que muchas mamás y papás puedan salir a trabajar. Cuando construimos un gimnasio, decimos acompañamos políticas públicas para que niños, jóvenes, adultos, adultos mayores lleven adelante una actividad deportiva”, resaltó.
Asimismo Castillo expresó que “es fácil entender que va a haber una empresa que tiene dinero y va a decir, yo te propongo hacer esta obra y financiarla, pero, ¿será una autopista? ¿Será un puerto comercial? ¿Será un eslabón que tenga un recupero que le permita solventar la obra? Yo me pregunto, ¿encontraremos empresas que puedan llevar adelante la regularización de los barrios no formales y llevar los servicios? Precisamente ahí radica parte de la discusión. ¿Qué obras después retornan recursos al Estado si las hace el Estado? Por ejemplo, una autopista se la cobrará con el peaje, que es un poco lo que se piensa. Y alguna planta potabilizadora entrará con las tarifas. Ahora, hay un montón de obras vinculadas a lo social que no están medidas en recursos. La Casa de la Alegría en Río Grande, por ejemplo, las conexiones intradomiciliarias de gas para que los vecinos tengan el servicio. Bueno, eso está borrado por completo”.
“Incluso si pensamos en grandes obras de infraestructura que llevan mucho tiempo y trascienden gestiones, el rol del Estado es garantía de poder llevar adelante servicios públicos que son esenciales. También se corre el riesgo de cartelización de la obra pública, teniendo en cuenta que no todas las empresas están en condiciones de hacer obras de infraestructura realmente importantes. Ahí desaparecen un montón de empresas, las empresas familiares, las cooperativas de trabajo, las empresas medianas no van a entrar en una licitación público-privada”, consideró.
Finalmente, la funcionaria subrayó que “hay una realidad también de estos cuatro años en donde se inauguraron ya cuatro mil obras en la Argentina, en donde hay obras en la totalidad de municipios del país. Esa mirada federal de llevar obras a todos los rincones del país no tiene lugar en esta nueva propuesta. ¿Quién va a venir a invertir en una iniciativa público-privada en una pequeña población, en un paraje, en un pueblito? Hoy el Estado llega para garantizar los servicios que necesita ese lugar”.
“Hablar de la obra pública es hablar de trabajo, es hablar de sueños, es hablar de las respuestas que se dan a las necesidades genuinas de los vecinos”, concluyó.
