Concejal Rossi sobre culpables de explotación sexual en el caso Alika Kinan

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Río Grande.-  El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego sentenció a Pedro Montoya a siete años de prisión en suspenso por el delito de trata, y a Ivana García y a Lucy Alberca Campos a tres años en suspenso por ser partícipes del hecho. Los jueces también reconocieron la responsabilidad de la Municipalidad de Ushuaia que deberá indemnizar a Kinan por 780 mil pesos.
“Se generó un precedente en el cual se acreditó la responsabilidad de quienes llevaban adelante el sistema prostibulario y de los organismos de control. Debemos hacer una fuerte autocrítica como Estado para saber de qué manera tenemos que ser proactivos para luchar contra la injusticia y no reglamentar cuestiones que sabemos que están afuera de la ley, como lo es la trata de personas detrás de estas cuestiones de habilitaciones comerciales, lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, entre otras” sostuvo Rossi en relación a los resultados del juicio.
Asimismo, señaló que “es necesario crear jurisprudencia a nivel nacional para que el Estado proteja a víctimas de trata y no se dé un halo de legalidad a los que explotaban sexualmente a estas personas”.

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“Cuando uno logra derechos irreversibles – expresó el funcionario -, son momentos para festejar en sociedad y, algo muy importante, es que el Municipio haya tomado consciencia”. A la vez que agregó que “lo que importa es entender que como Estado tenemos responsabilidades, no podemos cubrir actividades delictivas, que esto sirva como un efecto contagio positivo para el resto de los municipios del país, entendiendo que tienen que rever su normativa para no caer en ilegalidades”.
“Es por eso que tengo plena confianza que este fallo va a quedar firme en lo que respecta a la responsabilidad del Estado, porque va a ser consecuente con otros derechos que se han logrado desde los espacios políticos” remarcó el concejal riograndense por la UCR.

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Por último, el funcionario resaltó que “es un fallo bueno que va a marcar un punto de inflexión en la historia jurídica argentina y también política”. “A partir de ahora queda claro cuáles son las responsabilidades y se va a iniciar un nuevo camino y también va a haber una fuerte revisión normativa a nivel municipal, provincial y nacional con respecto a este tipo de delitos complejos, que buscaban ampararse en la ilegalidad” concluyó.

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