Villegas: “El desafío es poner en la agenda pública la problemática del sistema penitenciario provincial”

Pablo Villegas

Ushuaia.- El Legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas se refirió a la Procuración Penitenciaria de la Provincia, creada por Ley Provincial N° 1027.
Al respecto, el parlamentario recordó que la Procuración Penitenciaria tiene por función la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad ya sea por orden judicial provincial o federal en cualquier ámbito de la provincia y la misma prevé la figura de un procurador titular y un adjunto.

“A fines del año pasado se había sancionado una ley que preveía el presupuesto de esa ley penitenciaria, el cual fue vetado por el Poder Ejecutivo, y hoy en día tenemos al procurador adjunto en funciones, y a la vez tenemos la situación de que esta procuración, al haber sido vetada, hoy cuenta con cero presupuesto en el ámbito legislativo”, expresó Villegas.

Las funciones y atribuciones se superponen con la ley provincial 857 mediante la cual “se crea el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En este sentido, indicó que “nos encontramos trabajando con la Legisladora Mónica Urquiza en un proyecto de derogación de la Ley 1027, y sobre la puesta en marcha de la Ley 857 ya que son similares”, para lo que “la Legislatura tiene la función de controlar la gestión del Ejecutivo y la de sancionar leyes en este caso particular”.

Entendemos que: “Se puede ser contralor y no generar una megaestructura que genere mayores gastos. Para esto hace falta una decisión política de la Cámara y esperamos en marzo poder alcanzarla” expresó el legislador.

Por último, Villegas remarcó que “acá hay una realidad, y es que el sistema penitenciario provincial está en crisis desde hace muchos años, y mas allá de la instrumentación de las leyes, el desafío es poner en la agenda pública ésta problemática”destacando que “más allá de la privación de la libertad, de los procesados y condenados, no se encuentran privados de derechos básicos reconocidos por los derechos humanos”.

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